Anoche Víctor Hugo Morales, en su
programa “Bajada de Línea” (canal 9
domingos 23 horas), realizó un programa especial con la investigación realizada
por los periodistas de “Tiempo Argentino” Claudio
Mardones y Leandro Renou sobre el
incendio del depósito que tenía la
multinacional de origen estadounidense Iron Mountain (IRM) en Barracas y que
causó la muerte de ocho bomberos y dos rescatistas.
Hoy ambos periodistas en
nota central del diario entregan nuevas evidencia que a continuación
reproducimos.
Han
pasado 13 meses de la tragedia y el caso que indaga la brutal incineración de
documentación perteneciente a 600 empresas podría cambiar de carátula: ya no
serían muertes, sino asesinatos.
Por Claudio
Mardones y Leandro Renou.- Tiempo
argentino .- Cambio21.-
lunes 23 de marzo de 2015.-
Ahora, un informe de organismos de
control del gobierno enviado a la Legislatura confirma que el macrismo conocía
las irregularidades en Barracas
Entre 2007 y 2013 se rechazaron todos
los planes de evacuación presentados por la empresa, se cuestionó el
revestimiento térmico de los muros, la ventilación y los contratos de seguridad
privada. Pero no se cerró el depósito.
Hasta hace dos semanas, el incendio que
consumió al depósito que tenía la multinacional de origen estadounidense Iron
Mountain (IRM) en Barracas era considerado por la justicia como un accidente
fatal. El fuego se apoderó de todo el 5 de febrero de 2014. Incluso de la vida
de ocho bomberos y dos rescatistas que llegaron en tiempo récord al desastre
para combatir una enorme combustión de papel.
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Foto: dos de los responsables - Francisco
Cabrera y Carlos Pirovano, ministro y vice de Inversiones de la Ciudad y nexo
con IRM. Ambos fueron empleados del HSBC.
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Hasta hace dos semanas, el incendio que
consumió al depósito que tenía la multinacional de origen estadounidense Iron
Mountain (IRM) en Barracas era considerado por la justicia como un accidente
fatal. El fuego se apoderó de todo el 5 de febrero de 2014. Incluso de la vida
de ocho bomberos y dos rescatistas que llegaron en tiempo récord al desastre
para combatir una enorme combustión de papel. Las llamas destrozaron las
paredes del viejo depósito documental en diez minutos, cuando tendrían que
haber resistido, al menos, dos horas.
Los escombros ardientes cayeron sobre la
escuadra humana de salvataje y los aplastó hasta matarlos. Han pasado 13 meses
de la tragedia y el caso que indaga la brutal incineración de documentación
perteneciente a 600 empresas podría cambiar de carátula: ya no serían muertes,
sino asesinatos. El detonante del giro fue la tardía presentación de una
pericia que realizó la Policía Federal Argentina hace 15 días. El estudio técnico,
que incluye un delicado análisis del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) confirmó la intencionalidad y la planificación del incendio.
La revelación pericial no sólo estremece al directorio de Iron Mountain:
también desató una serie de interrogantes sobre la cantidad de maniobras que
avaló el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para promover y proteger a la
instalación del depósito en la calle Azara 1245, el más grande de los cuatro
que posee IRM en territorio porteño.
Un informe realizado por el legislador porteño del Frente para la Victoria
(FPV) Gabriel Fuks demuestra que el desastre podría haber sido evitado gracias
a la cantidad de inspecciones que realizaron casi todos los organismos de
control que funcionan dentro del gobierno porteño. Se trata de 15 controles que
fueron desoídos por la comuna durante los últimos ocho años.
Cada detalle fue
aportado por la administración PRO con el fin de contestar a los pedidos de
informes que presentaron otros ocho legisladores, además de Fuks: Paula
Oliveto, de la Coalición Cívica; Edgardo Form, de Nuevo Encuentro; Juan
Francisco Nosiglia, del bloque SUMA +; Lorena Pokoik, del FPV y cuatro miembros
del bloque macrista: Paula Villalba, Christian Bauab, Héctor Huici y Daniel
Lipovetzky.
Para responder a cada uno de esos requerimientos legislativos, la comuna los
unificó en una sola respuesta a la que accedió Tiempo. Los datos son parte de
un informe de 500 páginas que echa luz sobre una larga lista de deficiencias
detectadas y advertidas por siete reparticiones de control. La Dirección
General de Fiscalización y Control (DGFyCo) de la Agencia Gubernamental de
Control Comunal, controlada por el jefe de Gabinete de Ministros, Horacio
Rodríguez Larreta.
La Dirección General de Control de Obras y Catastro (DGROC),
bajo la órbita del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain. La Dirección de
Defensa Civil, dependiente del sector de Emergencias, que reporta al titular de
la cartera de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, cuyo poder también
controla otro sector clave: la Dirección General de Administración de
Infracciones, que interpretó, en todos los casos, que no había que aplicar las
multas que pidieron los otros sectores. En esta saga también aparece la Agencia
de Protección Ambiental (APRA), cuya funcionalidad respira ahora bajo el
control del ministro de Ambiente y Espacio Público, Edgardo Cenzón, pero estuvo
también en manos del actual senador Diego Santilli, jefe de la difunta creadora
de la APRA Graciela Gerola, convencida por el propio Macri para ocupar el
cargo, aunque luego de su muerte nadie recordó su papel en la creación del
ente.
La última pieza, como ya reveló este diario, es la Dirección General de
Protección del Trabajo (DGPT), controlada por Francisco Cabrera, a cargo del
área de Desarrollo Económico, el ministerio que ocupa desde 2007, luego de
pasar varios años como gerente de la AFJP Máxima y funcionario del banco HSBC,
uno de los mayores damnificados por el fuego que consumió documentación clave
perteneciente a 600 empresas, financieras y entidades financieras.
La
incineración, definida como "intencional" a los ojos de la pericia,
también consumió papeles guardados de distintos organismos de fiscalización del
gobierno porteño. Son los mismos que, según el informe, elevaron más de 15
alertas por deficiencias edilicias, ambientales y de seguridad e higiene en el
viejo depósito de la calle Azara.
LAS ALERTAS IGNORADAS. De acuerdo al
expediente 58541-2007, Iron Mountain obtuvo la habilitación para funcionar en
Azara 1245 el 8 de noviembre de 2007, un mes antes de la jura de Macri como
alcalde porteño. Por entonces, el jefe de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, Edgardo Nardi, firmó la Disposición 7872 y otorgó el
permiso para que ese establecimiento funcionara como "depósito de envases
de papel y cartón, de automotores y/o vehículos en desuso, de contenedores, de
consignatarios en general y centro de procesamiento de datos y
tabulación". A partir de ese momento, y según consta en los registros,
todo fue una consecución de inspecciones con resultado negativo que, sin
embargo y a pesar de la existencia de pedidos, nunca derivaron en clausuras del
establecimiento. El informe revela que, incluso antes de su habilitación, hubo
una serie de movimientos que, hasta ahora, la justicia no investigó. El
primero, data de diciembre del 2005, cuando la Dirección General de Política y
Evaluación Ambiental le otorgó a la empresa –vía disposición 1362– el
Certificado de Aptitud Ambiental. Dos años después, en abril de 2007, la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) registró los planos
del proyecto de instalación y ventilación mecánica de los galpones.
Tras la habilitación formal del 8 de noviembre de 2007, comenzaron los
movimientos de la gestión PRO. El primero data del 19 de noviembre del 2008.
Ese día la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyCo) de la Agencia
Gubernamental de Control inspeccionó el inmueble y labró Actas de Comprobación
por "falta de recubrimiento térmico en columnas, carencia de ventilación
reglamentaria y falta de constancia de evaluación positiva del Plan de
Evacuación por parte de Defensa Civil". En esa fecha no hubo sanciones
"porque dicha competencia radica en la Dirección General de Administración
de Infracciones", que finalmente no activó ningún castigo.
Un año después, el 5 de mayo del 2009, la Dirección General de Defensa Civil no
aprobó el Plan de Evacuación y Simulacro "presentado por Iron Mountain en
abril del 2009, con relación al depósito de la calle Azara". El derrotero
del expediente sumó otra inflexión antes de la finalización de ese año.
El 2 de
diciembre la misma DGFyCo, que había detectado fallas un año antes, inspeccionó
Azara al 1245 de nuevo y labró una segunda "Acta de Comprobación por
estiba antireglamentaria de mercadería y falta de documentación correspondiente
al servicio de seguridad privada." Dos temas clave que luego
posibilitarían la veloz propagación del fuego: la superposición de cajas que
multiplicarían la "carga de fuego" y la ausencia de la custodia necesaria.
El ente no sancionó a nadie, pero el día 28 de ese mismo mes, Defensa Civil se
negó a aprobar el Plan de Evacuación presentado por la empresa.
En 2010 la saga continuó a partir del 15 de marzo: la DGFyCo, dependiente de la
AGCC controlada por el premier Larreta intervino por tercera vez, revisó de
nuevo el lugar, y advirtió sobre la "tenencia de entrepiso de altura y
carencia de alarma sonoro-luminosa". Al igual que en los casos anteriores,
tampoco hubo sanciones por falta de competencia.
Tres meses después, el 3 de Julio, volvió a intervenir Defensa Civil y repitió
su resistencia. Se negó a aprobar el segundo Plan de Evacuación que la firma
presentó en mayo de ese año. IRM jugó un tercer repechaje el 24 de noviembre
del 2010, pero el 9 de mayo de 2011 Defensa Civil volvió a rechazar el plan
presentado. Es decir que, entre 2009 y 2011, los organismos de control
porteño negaron las aprobaciones de planes de adecuación que presentó la
empresa.
El 22 de junio del 2011, la DGFyCo vuelve a intervenir, pero a pedido de la
Dirección General de Control de Obras y Catastro (DGROC) "por la presunta
existencia de obras no declaradas". En la visita los inspectores
comprobaron allí que "no hay obra en proceso, ni acopio de materiales, ni
riesgo para propios ni terceros, por lo que sugiere archivar las
actuaciones". La inspección concluyó con los cuestionamientos de los años
anteriores y buscó archivar los incidentes previos.
LA EVACUACIÓN QUE NUNCA TUVO PERMISO.
Pero 2012 no fue la excepción para un nuevo rechazo contra los Planes de
Evacuación, hecho que ocurrió el 5 de mayo. En ese caso, hubo una justificación
más grave: el 26 de abril, la Agencia de Protección Ambiental (APRA)
inspeccionó el depósito y verificó que "no cuenta con Certificado de
Aptitud Ambiental vigente", tampoco "con Planos de Uso y de
Condiciones contra incendio aprobado" y tampoco con el "Plan de
Evacuación presentado y aprobado por Defensa Civil”. Ante esta situación el
organismo ambiental intimó “a la empresa a la regularización de las situaciones
irregulares detectadas”. Los planteos derribaron las conclusiones de junio de
2011, que le permitieron a IRM zafar de las primeras alertas.
Dentro de esa arqueología burocrática, los registros también revelan que la
empresa se presentó 19 días antes de la inspección que hizo la APRA y que los
puso en aprietos. El 7 de abril de 2012 ocurrió la primera aparición de
un representante de Iron Mountain ante la Dirección General de Control de la
APRA y presentó “documentación correspondiente a las situaciones irregulares
detectadas el 26/04/12”.
Según plasmaron los inspectores ambientales en aquel
entonces “el apoderado de Iron Mountain presentó un Plano de Instalaciones
contra Incendio aprobado por la División Prevención de la Superintendencia de
Bomberos de la Policía Federal, el cual no es aportado en la documentación
presentada”. Hasta la fecha, las documentaciones que remiten a las
habilitaciones de la PFA, nunca aparecieron, pero aparecen mencionadas en el
certificado de habilitación porteño del 8 de noviembre de 2007.
El permiso
habla del “Plano de Prevencion de Servicio contra Incendio y Certificado de
Inspeccion Final Nº 5292 expedido por la Superintendencia Federal de Bomberos”
de la Federal.
En mayo del 2013, en uno de los últimos hitos que se comprobaron y registraron antes del incendio, Defensa Civil volvió a rechazar la aprobación del Plan de Evacuación y Simulacro que presentó Iron Mountain en mayo de ese año. La saga de inspecciones y castigos fueron atajados por los organismos porteños como fueran eximios arqueros.
En mayo del 2013, en uno de los últimos hitos que se comprobaron y registraron antes del incendio, Defensa Civil volvió a rechazar la aprobación del Plan de Evacuación y Simulacro que presentó Iron Mountain en mayo de ese año. La saga de inspecciones y castigos fueron atajados por los organismos porteños como fueran eximios arqueros.
Si los inspectores hubieran anotado algún "gol
inspectivo" en medio de esa saga, habrían obstaculizado el activo auspicio
que puso en marcha IRM para apoyar la creación del Distrito Tecnológico en 2008
y su ampliación de 2010, que ya fue revelada por este diario en su edición del
16 de marzo pasado, donde aparecen Cabrera, su subsecretario de Inversiones
Carlos Pirovano (ex Banco Roberts y ex HSBC), junto a Guillermo Lockhardt, el
director de IRM que apoyó la ampliación de los beneficios impositivos.
Todo
habría fracasado si prosperaban las inspecciones, porque habrían activado la
Ley 265 que establece las competencias de la policía del trabajo en la Ciudad.
Su artículo 19, inciso e2, determina que el empleador con faltas graves "quedará
inhabilitado por un año para acceder a licitaciones públicas y suspendido en
los registros de proveedores o aseguradores del Estado". «
El legislador porteño y vicepresidente
del bloque del Frente para la Victoria, Gabriel Fuks, presentó un nuevo
proyecto de Ley que promueve la creación de la Base de Datos de Información
contra Incendios (BDII) de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de notificar a
las dotaciones de bomberos y personal de Defensa Civil intervinientes en las
emergencias sobre la situación y el peligro real que se encuentra al interior
de los establecimientos siniestrados. Dicho proyecto fue acompañado por 15
diputados de todas las fuerzas políticas, incluidos varios del oficialismo
porteño.
Una vez cumplido el año del incendio en Barracas de la empresa Iron Mountain,
donde murieron diez servidores públicos, se realizó un acto homenaje en el cual
el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos Ferlise,
solicitó a las autoridades de la Ciudad y de otros municipios a informar sobre
los riesgos con los que se pueden encontrar en plena labor de rescate. En
relación, el ex presidente de Cascos Blancos explicó: "La falta de
información respecto de los materiales obrantes dentro de los establecimientos
incendiados, nos motivó a presentar este Proyecto de Ley para tomar todas las
prevenciones posibles."
Lo que se quemó sigue bajo la lupa
La confirmación de la intencionalidad
del incendio en el depósito de Iron Mountain en Barracas dejó en claro que se
buscó la combustión. Sin embargo, no da cuenta de por qué se decidió eliminar
todo lo contenido en los galpones 7 y 8. ¿Por qué es importante saber qué
se guardaba allí? Tanto la empresa como muchas de las firmas que actuaban como
clientes son actualmente investigadas por presuntos delitos de evasión y lavado
de activos.
Existe una causa donde la AFIP puso el ojo y allanó oficinas de
Iron Mountain. En paralelo, los clientes de la firma eran 600 grandes empresas,
entre ellas 43 muy comprometidas con el material siniestrado: figuran bancos
como el HSBC, JP Morgan y BNP Paribas, tres entidades que en el país figuran en
causas que los vinculan a serios delitos económicos.
Sin ir más lejos, el
próximo miércoles se conformará en Diputados una Comisión Investigaba de la
causa de evasión del HSBC. Las 4040 de argentinos sin registrar en la sede
Ginebra, y el esquema de facilitación de esa fuga por parte de funcionarios del
mismo banco. "Acá no se puede descartar nada", adelantó a Tiempo una
fuente judicial que está detrás del material que se quemó en el incendio de
febrero del año pasado.
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